Hemos sabido que, como se esperaba, el TGUE ha denegado la cautelar al Valencia y por ello me gustaría hacer un breve resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Corría el año 2007 cuando Inversiones Dalport SA adquiría el 51% del accionariado al llegar un acuerdo de compra de las acciones de Juan Soler. El otrora millonario inversor estaba pasando una situación económica delicada, de la que nunca se recuperó. Era la enésima jugarreta de Vicente Soriano, uno de esos negociantes inmobiliarios que aparecen en las épocas de bonanza económica y que a menudo consiguen un estatus económico y social envidiable desde la apariencia de una fortaleza económica que en realidad no se tiene. El plan de Soriano le habría salido bien, en perjuicio de la sociedad, de no haber estado en tan profunda crisis económica. Básicamente pretendía comprar el accionariado del club con las plusvalías del nuevo estadio. Era mas o menos lo mismo que pudimos ver años mas tarde con el proyecto Newcoval solo que entonces de forma mucho mas, disculpadme el adjetivo, garrula. Para lograr la apariencia económica que mencionaba, echó mano de Inversiones Dalport SA, empresa millonaria en papel mojado que ningún banco aceptó como garantía. Al final de la jugada el club quedó en manos de una empresa insolvente, que había comprado unas acciones que no podía pagar y el embrollo era morrocotudo.

Los poderes fácticos de la Comunidad Valenciana, políticos y financieros, que venía a ser lo mismo por ese engendro de banca pública, las cajas, que tanto dinero nos han costado a los españoles, tomaron cartas en el asunto. Supongo que en algún caso hubo buena intención, pero lo cierto es que a nadie le convenía que el Valencia desapareciese y el riesgo de que pasara en ese momento era alto. Los políticos no se podían permitir que la Institución principal de la Comunidad se liquidara y Bancaja, principal acreedor, no se podía permitir perder la ingente cantidad de dinero invertido en el club. En ese momento se abrían muchas opciones. La primera, la mas normal, consistía en que Bancaja ejecutara las propiedades hipotecadas y las vendiese, aunque claro, que una entidad semipública embargara Mestalla era algo indeseado por todo el mundo. Se trató de refinanciar, pero el Valencia había superado ya el techo de endeudamiento que el Banco de España permitía a Bancaja prestar a un cliente. Se buscó un atajo: En vez de prestar el dinero al Valencia, se prestó a un tercero, la Fundación y esta entró con ese dinero en una ampliación de capital por lo que la deuda a Bankia (mas los nuevos intereses) pasaba desde el Valencia a la Fundación. Pero claro, la Fundación no tenía ingresos por lo que  era imposible justificar ese crédito. Y ahí es donde viene el problema actual, fue la propia Generalitat la que avaló el crédito a través del IVF.

Con el plan montado, solo quedaba poner al mando del club a alguien que reportara directamente al banco. La ampliación de capital fue promovida por el Presidente Interino Javier Gómez, y con esa mayoría accionarial se nombró Presidente a Manuel Llorente. Cabe recordar que estas dos cabezas pensantes percibieron cuantiosos honorarios por sus cargos. Javier Gómez, según se publicó en aquellos tiempos, se autofirmó una cláusula por la que percibiría una indemnización de mas de un millón de euros si renunciaba al cargo posteriormente, cosa que hizo y, según parece, percibió integra.  Manuel Llorente tuvo un salario anual de alrededor de 400.000 euros anuales. Sin embargo, pese a estar tan bien pagados, dejaron muchos cabos sueltos en el plan. Uno, que la Fundación no podía pagar el crédito sin la ayuda del Valencia, cosa que evitaron dos socios denunciando que había asistencia financiera al máximo accionista. Tampoco planearon que el apoyo de lo público a una sociedad privada incumplía la normativa europea sobre competencia. Ante estos problemas, alguien podría pensar que se centrarían los esfuerzos en buscar un nuevo inversor que comprara las acciones y solventara el futuro del club. Ese alguien sería un ingenuo; en realidad esta situación se prolongó en el tiempo todo lo que se pudo, usando ese accionariado para aprobar sus propias gestiones y ampliando el crédito de las acciones hasta la cantidad de 95 millones por los intereses que no había forma de abonar, hasta que una nueva dirección de la entidad, ya integrada en Bankia, obligó a la venta del club. Con la llegada de Lim ese crédito fue abonado y por fin, el problema de la propiedad del club quedó resuelto.

Así que, sí, el Valencia resultó tan beneficiado por el aval de la Generalitat como injusto es ahora que la nueva propiedad tenga que encontrar en sus cuentas un agujero de alrededor de 25 millones por las injerencias anteriores del poder político en el club que ellos compraron posteriormente. En fin, los hombres de Lim encontraron esta contingencia en la Due Diligence previa a la compra pero la cuantificaron mal. Ahora, en sus manos está presentar querella por los delitos societarios que pudieran cometerse antes de su llegada. Si no lo hacen, perderán credibilidad. 

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